El lenguaje de los abogados

     La Universidad forma excelentes profesionales en Derecho. La mayoría de ellos capaces de resolver los problemas más complicados.
     Pero, se olvida y ¡qué olvido! de que los abogados deben utilizar el idioma para comunicarse con sus clientes.
     Durante la carrera se dictan diversas asignaturas. Los textos en los que se estudia utilizan un lenguaje técnico -muchas veces necesario- pero  plagado de palabras rebuscadas, oraciones largas, puntuación nula o equivocada. Los futuros profesionales se acostumbran a manejarlo y pierden de vista que, a través de él, no lograrán una buena comunicación. Tampoco la generalidad de los docentes se adapta al idioma comprensible.
     Sin embargo, no existen cursos de redacción ni se enseña a utilizar la lengua oral con corrección.
     En los países desarrollados los cursos de lenguaje se dictan en las universidades, cualquiera sea la carrera que se curse.
     En el Uruguay, cuando el título se obtiene y muchos egresados pasan a formar parte de importantes Estudios Jurídicos, estos tampoco hacen hincapié en las deficiencias en lo que respecta al idioma. Probablemente, algún jerarca se queje, pero nada hará por mejorar el asunto.
     Sí se ocuparán de perfeccionar a sus empleados, en otros aspectos. Los enviarán a diferentes cursos de postgrado, en el país o en el exterior. Actualizarán sus conocimientos de inglés, de computación, pero dejarán de lado el idioma materno, cuya utilización deficiente puede ser la causante de innumerables fracasos laborales.
     ¿A quién perjudica este mal uso de la lengua?
     A todos. Continuamente, estamos en contacto con dependencias del Estado y  tenemos que comprender una ley, un decreto, una resolución, redactados por un abogado.
     Por otra parte, en la vida particular de cada uno se suscitan hechos en los que se requiere la intervención de un profesional.
     Entonces, se produce un cortocircuito entre lo que estos han escrito o dicho y lo que nosotros comprendemos. Nosotros que somos los interesados y quienes más derecho tenemos en entender con claridad lo que la administración del Estado nos exige o el asunto personal que pusimos en manos de un tercero.
     En un alegato, en un contrato, en una demanda, en un convenio… hay, siempre, un relato de los hechos. El abogado que, generalmente los recibe en forma oral de su cliente, debe redactarlos de tal  manera que este último los comprenda, que no necesite un "traductor" para reconocer  lo que él mismo ha trasmitido.
     La mayoría de las veces la comunicación no se produce. El texto es tan confuso, tan largo, tan complicado, que el interesado se da por vencido y firma donde se lo indican.
     Todos sabemos que las bases del Derecho se establecieron en el Imperio Romano. De él, hemos heredado también el idioma. Este ha sufrido evoluciones en todos los aspectos, pero en materia jurídica sigue aferrado a los viejos tiempos.
     ¿Por qué las hojas se llaman "fojas" en el lenguaje jurídico?
     ¿Por qué "otrosí digo" sustituye a "además digo" o a "posdata"?
     ¿Por qué "por propia iniciativa" o "por iniciativa propia" se cambia por "motu proprio" (muchas veces sin la segunda "r")?
     ¿Por qué "prima facie" (que no lleva la preposición "a") no puede ser sustituida por "a primera vista"?
     A estas expresiones latinas se aferran los profesionales, no porque sean claras, sino porque piensan  que sus colegas o sus superiores pueden juzgarlos de ignorantes si no las utilizan. ¿Es que no las saben y por eso, no las usan?
     Jueces, fiscales, abogados, docentes no son conscientes de que su labor primera es lograr trasmitir, en forma clara, las ideas que tienen sobre determinado tema.
     Nadie puede aprender a expresarse con corrección y con eficacia, si alguien no se lo enseña.
     Pueden servir de modelo los textos de otros, la forma de hablar de sus colegas, pero siempre se necesitará de un apoyo metódico, de quien sepa cómo se escribe, cómo se habla y cuáles son los caminos para lograr la eficacia.
     Cada profesional debe tener presente que su texto, no es suyo, sino del que contrató sus servicios (ya sea el estado, ya sea un particular). Y todos tenemos derecho a comprender, sin dificultades, el escrito que se nos presente.
     Por supuesto, y eso nadie lo discute, se manejarán argumentos, basados en disposiciones jurídicas, que, probablemente, no venga al caso saber. Y, en este aspecto, el profesional, puede sentirse dueño de su exposición. "Puede" porque, si se lo piden, necesita tener la capacidad suficiente para explicar, con detalle, y, valiéndose de un lenguaje estándar, todo lo que se le pregunte.
     ¿Y las sentencias judiciales?
     Con ellas, habría que ser aún más severo. De lo que allí se expresa, depende el futuro de una persona. ¿No debe el interesado entender con claridad qué pena, qué sanción, qué indulto se decide y por qué?
     En la mayoría de los casos, los jueces se expresan en un lenguaje tan complicado que, inclusive para los abogados, la comprensión resulta difícil.
     Nadie es más culto, más inteligente, porque utilice un idioma rebuscado.
     En el lenguaje legal se pierden de vista las cuatro características imprescindibles para lograr la comunicación:

     La claridad.
     Las oraciones cortas, las palabras sencillas y precisas ayudan a lograrla.
     La concisión.
     La acumulación y el desorden en las ideas vuelven ilegible el texto.
     La comprensibilidad.
     Todo lector debe ser capaz de comprender.
     La  corrección.
     La buena ortografía, el uso adecuado de los signos de puntuación, la separación en párrafos, entre otras cosas, hacen que la comunicación se establezca.

     Señores abogados:
     ¡No menosprecien el papel que el lenguaje desempeña en su profesión!